Y es que lo ontológico no solo ocupa a los elementos que conforman la investigación penal (evidencias físicas, materiales sensibles, etc.), sino también, los aspectos propios que trascienden desde la figura del Juez de la causa.
Quiere decir lo anterior, que debe existir obligatoriamente una "sintonía" y armonía entre los componentes que posee el entramado investigativo y la apreciación del Juez, confeccionándose aquí un escenario que arropa a muchos entes proclives a la interpretación y que solo pertenecen al órgano jurisdiccional. Ahora, ¿Qué sucede cuando estando frente a procedimientos establecidos, surgen distorsiones que causen retardo, y además, la desnaturalización de la prueba?
Contamos con la lógica, las máximas de experiencia y los conocimientos científicos (artículo 22 del Código Orgánico Procesal Penal de Venezuela), donde podemos apreciar claramente, tres herramientas de carácter eminentemente fáctico, y todo esto no significa, tomando en cuenta la sana crítica (del mismo artículo supramencionado) en que existirá un criterio personalizado, distorsionado e inalienable, por parte del tribunal, al contrario, lo anterior también responde a los acontecimientos vividos y pertenecientes a la lógica y sus leyes que regulan el correcto razonamiento. Entonces, se advierte que las incongruencias y desajustes, se infieren necesariamente, de aspectos en el orden sociológico, cultural e ideológico, incluso, llegando a vincular lo anterior al ámbito temporal que le da forma definitiva al manejo de criterios. ¿Por qué?
Muchos son los elementos que muy disimuladamente se mantienen dándole forma a las premisas que generan un corolario totalmente desajustado, entre las que podemos mencionar están la corrupción, inexperiencia, ineptitud, ciertas tendencias ideológicas (sobre todo de naturaleza política) y otras más, que le dan vida a todas las formas aparentes y jurídicas del derecho positivo, que formalizan a futuro diferentes modelos de impugnación.
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