Siguiendo con el trabajo a tenor de la entrega anterior, y por medio de las observaciones y críticas que se generan de la práctica jurídica en la actualidad, infiero que todavía el legislador en muchos países e incluyendo el nuestro, no ha calculado las consecuencias que implican el simple hecho de agregar entre otras, el uso de la lógica en nuestro artículo 22 (apreciación de la prueba) del Código Orgánico Procesal Penal.
Lo anterior responde necesariamente, a la implicación inmediata de semejante herramienta, ya que esta es la que a través del predicado de una realidad, o sea, una verdad ontológica, y con la anuencia del Juez, darle total desenvolvimiento a los operadores modales necesarios para calificar la verdad en los juicios.
Predicado de una realidad, que siendo contentiva de los elementos probatorios, se trasladan desde el sitio de sucesos hasta el operador de justicia, en medio de un Derecho fenomenológico o existencial, producto de una praxis degenerada y cautivadora a la sombra de la corrupción, y en muchos casos también, de la impericia de los funcionarios en el manejo de las evidencias de interés criminalístico.
De forma más clara aun, hay que hacer necesaria la verdad que se quiere demostrar o se pretende demostrar...
En la próxima entrega, analizaremos la manera por medio de la cual, y desde el punto de vista de la lógica, la presentación de forma clara, del manejo de estos operadores modales dentro del ámbito de la jurisdicción penal.
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